Carta Abierta
a las asociaciones de documentalistas
y a todos los documentalistas independientes
Ya ha pasado un mes desde que se
conoció la Resolución INCAA/982/13 que tanto malestar provocó en el
sector documental. Las distintas asociaciones hemos presentado
propuestas en la mesa de diálogo con el INCAA y actualmente aguardamos
la respuesta por parte del Instituto. Esperamos sinceramente
que se cumpla el compromiso de presentar el borrador a las asociaciones
antes de la firma de una nueva resolución.
En medio de este compás de espera, el
día martes 7 de mayo se conoció por varios medios un comunicado
suscripto por cuatro de las seis asociaciones nacionales de
documentalistas (DocuDAC, DIC, PCI y ADN) que señala que no tienen "interés
en acusar al gobierno, al INCAA o a quien sea de censura para salir en
los diarios o ser funcionales a intereses que nada tienen que ver con la
discusión sobre cómo se preserva el espacio que hemos ganado para el
cine documental". Asimismo, el comunicado considera “prudente
esperar a los resultados finales de la negociación y rechazar cualquier
tipo de medida o acción directa mientras el diálogo exista".
Señala también que "las seis organizaciones nacionales de documentalistas (incluyendo aquí también a DOCA y RDI) nos
opusimos a la Resolución 982 del INCAA, que modificaba el sistema de
apoyo a la producción, por lo que nos reunimos con la Presidenta y
diversas Gerencias del mismo para comenzar un proceso de reescritura y
modificación de esa resolución" (…) "y creemos necesario dejar
en claro que mientras el INCAA esté dispuesto a tomar en cuenta nuestras
propuestas, no vemos razón para dar la voz de alarma".
Estas consideraciones son señaladas en
respuesta a DOCA, que mediante comunicados de prensa hemos realizado una
campaña de difusión pública y debate al respecto. El comunicado de las
cuatro asociaciones ha generado desconcierto y confusión, y con
esta Carta Abierta queremos aportar a la reflexión sobre el debate y
sobre el camino que falta recorrer en la búsqueda de una salida común al
problema.
Tal como se ha señalado, todas las
asociaciones rechazamos la resolución planteando su derogación, es decir
su rechazo completo. Sin dudas esta primera posición común es la que
motivó la posibilidad de “revisiones”. Para DOCA y para muchos más el
rechazo se basaba en dos aspectos fundamentales: los mecanismos de
elección de los comités de evaluación que desplazaban la representación
de las asociaciones y la creación de un comité de visualización que
desconoce el proceso real de la producción documental en la medida que
su función será certificar "que el material final entregado coincida
con el proyecto originalmente seleccionado, dejándose constancia que en
el supuesto de recibir un Informe negativo y no corregirse, será
susceptible de la no liquidación de la última cuota, y la devolución de
la totalidad de lo efectivamente percibido".
Las "voces de alarma" no se han hecho
públicas por ningún interés “funcional” a ningún medio o posición
partidaria en particular. Es conocido por quienes participaron, que en
la reunión otorgada por Liliana Mazure, se explicitaron presiones, y se
trasladaron esas presiones a los comités, en relación a proyectos
rechazados que deberían haber sido aprobados. También fue claro que el
pedido para acompañar “la señal” (la 982) fue hecho incluso a condición
de la posibilidad de disolución definitiva de la Vía digital de fomento.
Lo que se puso en juego entonces fueron las condiciones de
independencia mínima de los comités que han garantizado durante estos 6
años una vastísima diversidad ideológica en la producción documental.
Los medios
La decisión de comunicar esta situación
no tiene por objeto la búsqueda de su difusión en un medio particular
sino la publicidad de un asunto de interés precisamente público: qué se
hace con los fondos estatales para la producción cinematográfica. El
comunicado de DOCA (impulsado también por más de treinta documentalistas
no asociados) debió haber sido publicado también por los medios
públicos. Se dieron entrevistas a más de 50 medios, entre alternativos y
especializados. Su publicación por medios del Grupo Clarín no
puede asociarnos con sus intereses, porque esos intereses son
contrapuestos históricamente con los de DOCA.
A su vez entendemos que no puede
ser el choque de intereses entre medios afines al gobierno con los de
Clarín, lo que provoque una división entre los documentalistas, porque
ambos intereses nos son ajenos. Desde ambos medios se viene
reclamando a través de sus columnistas que se recorten la cantidad de
películas producidas por año para otorgar aún más fondos a las grandes
producciones y grupos mediáticos (como Patagonik Films del Grupo Clarín)
que a diferencia de los documentalistas cuentan con inmensos recursos
propios para producir. ¿No les parece que la intención de transformar
esta vía documental en producción para televisión obedece a congraciar
estos intereses?
Las medidas de acción directa
Esta resolución es “el producto de la lucha de los documentalistas”
rezaban los considerandos de la 632, la resolución madre de este
régimen de subsidios. Esa lucha no consistió exclusivamente en la
realización de movilizaciones o festivales sino que fue una gran
producción de acción colectiva, de comunicación pública y de elaboración
de propuestas concretas (articulados de la resolución, etc). En dicha
comunicación pusimos en conocimiento público la existencia del "3ro J",
el inciso por el cual la gestión del INCAA realizaba asignaciones
discrecionales de presupuesto sin mediar ningún jurado.
Este método de acción está en los
fundamentos de la conquista que hoy defendemos. Es constitutiva de DOCA
pero nunca ha buscado ser una forma de autoproclamación sino un
instrumento para conquistar mejoras para todos los documentalistas
independientes que no tenían posibilidad de acceder al fomento para sus
producciones.
Lo que falta
Por eso ante vuestro llamado consideramos
necesario buscar un planteo común que defienda y asegure en la
redacción de una nueva resolución: la designación de los comités a
propuesta de las asociaciones y de una genuina representación de las
asociaciones provinciales, que se retire el control del “sentido” del
comité de películas terminadas (visualización) como problemas
fundamentales, y que se explicite el carácter cinematográfico de la vía y
se aseguren las mínimas condiciones de exhibición que hemos propuesto,
así como el necesario aumento de la misma.
Con la firme intención de abrir un
debate franco en beneficio de la defensa de los intereses generales de
los documentalistas independientes para alcanzar el mejor resultado en
las negociaciones en curso, los saludamos fraternalmente.
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